Una industria detenida

Por Arturo Prins

En la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se desarrolló una importante iniciativa con el fin de transformar estructuras de producción para que logren competitividad, valor agregado y el consecuente crecimiento económico que produce empleos de calidad.

Ahora que se están discutiendo las tarifas de las empresas de servicios públicos, sería el momento de concretarla.

La iniciativa reconoce un antecedente en Brasil, cuando se privatizaron los grandes sectores de su economía. El entonces presidente Fernando Henrique Cardoso impulsó -desde el Ministerio de Ciencia y Técnica- una legislación de “urgencia constitucional” para crear fondos sectoriales que financiaran el desarrollo tecnológico y revirtieran las tasas de crecimiento del país, casi nulas desde 1980. Se quería acercar la economía al sistema de ciencia y técnica.

Un técnico de la Empresa Paulista de Transmisión de Energía Eléctrica, en plena tarea
Un técnico de la Empresa Paulista de Transmisión de Energía Eléctrica, en plena tarea.Foto:Archivo
Los alcances de la reforma, que el presidente Lula da Silva continuó, merecieron el elogio de economistas como Jeffrey Sachs, que los consideró un hito en la historia del desarrollo internacional: “Hoy, Brasil -dijo- se conoce no sólo por su jugo de naranja, sino por las exportaciones de jets que compiten con los estadounidenses y europeos.”

En la Argentina, los más altos funcionarios de ciencia y técnica avanzan en un proyecto de legislación análogo, para financiar con fondos sectoriales la investigación y el desarrollo (I+D) en sectores fundamentales: energía eléctrica, petróleo y gas, agroindustria, biotecnología, comunicaciones y otros. Para entender el impacto de esta iniciativa, comenzaré por referirme al sector eléctrico, muy dependiente tecnológicamente y de escasa competitividad.

Investigación y ensayos

En general, se coincide en que no puede haber una industria electrotécnica desarrollada si no cuenta con un Laboratorio de Investigación y Ensayos (LIE), que invierta en investigación y desarrollo, y que certifique la calidad de los productos para exportar a un mundo muy competitivo. En el país, ésta es una asignatura pendiente, tanto en el sector público como en el privado.

Brasil creó un LIE en 1971: el Centro de Pesquisas de Energia Eletrica (Cepel). En 1995, los primeros contratos de concesión del gobierno obligaban a determinadas empresas del sector eléctrico a invertir anualmente entre el 0,1% y el 0,25% de sus ingresos en I+D y en programas de eficiencia energética. En 2000, cuando se creó el Fondo Sectorial de Energía Eléctrica, no sólo se aumentaron dichos porcentajes, sino que se amplió su alcance a todas las empresas de distribución, transmisión y generación de energía eléctrica, que hoy invierten en el mencionado fondo entre un 0,25% y un 1%, según los casos.

La Argentina, en cambio, privatizó el servicio y hasta logró mejorarlo, pero no acordó esas inversiones, por lo que los desarrollos tecnológicos se compran afuera. En 2000, nuestro sector eléctrico facturaba 4100 millones de dólares y el ingreso por generadores y transportistas era de 2350 millones de dólares.

Los LIE -en muchísimos países, no sólo en los desarrollados- ensayan materiales y tecnologías, certifican productos para exportar, controlan comportamientos o fallas y proyectan el futuro de las nuevas energías. De los LIE se vale la industria electrotécnica y electromecánica para competir y no quedar tecnológicamente detenida.

Para poder exportar

El mercado internacional exige certificaciones de calidad. Nuestro Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación, al no tener un LIE adecuado, no puede realizar el proceso de certificación de ciertos productos de baja tensión y de todos los de media tensión.

Se menciona el caso de una empresa nacional que no lograba exportar a Europa un modelo de aislador orgánico, a pesar del requerimiento de un interesado en hacerle compras significativas, con la condición de que realizara ensayos de diseño conforme a la norma IEC 61109. Los ensayos, en parte, podían hacerse en la Argentina, pero no existía la cámara de ensayos ambientales especificada en dicha norma IEC. La empresa pidió hacerlos en el Cepel (Brasil), pero no había fecha disponible, y luego en KEMA (Holanda), que le cotizó una suma tal que desequilibraba el costo del producto. Nuestro fabricante no pudo exportar, sencillamente, por no haber un LIE nacional con costos competitivos.

Los ejemplos se repiten, al punto que importantes asociaciones y cámaras del sector crearon, en diciembre pasado, un grupo promotor a fin de “impulsar la instalación en la Argentina de un LIE”, que permita desarrollar tecnologías locales y certificar internacionalmente productos de exportación.

Un LIE para nuestras necesidades costaría unos 25 millones de dólares. La construcción podría realizarse en etapas, y operar a potencia reducida en dos o tres años, con una inversión de sólo 10 millones de dólares. Los técnicos que evalúan estos proyectos estiman que, en cuatro o cinco años, los LIE se autofinancian por los servicios que prestan.

La mencionada iniciativa de las autoridades de ciencia y técnica contempla la formación de un Fondo Sectorial de Energía, que haría un aporte de importancia si creara el primer LIE. Su existencia daría a la industria electromecánica la posibilidad de desarrollar tecnologías propias, ya que, en la actualidad, trabaja casi totalmente bajo licencias de fabricantes extranjeros, algo que acarrea serios condicionamientos. Mientras tanto, el país forma científicos y técnicos que emigran.

El Cepel de Brasil, en cambio, desarrolla tecnologías, por lo que disminuyó los pagos de royalties y patentes de manera que se estima, para los próximos diez años, una reducción de costos de mil millones de dólares. México es el otro país latinoamericano que, en 1985, construyó un LIE de alta tensión y, en 1992, otro de gran potencia.

Nosotros, en la retaguardia, ya escuchábamos en 1969 a representantes de la electrotecnia que consideraban “de necesidad imperiosa, la creación de un Laboratorio de Potencia para bajas y medianas tensiones”. Los intentos posteriores fracasaron y, cuando se privatizó el sector, se implementó un modelo de regulación valioso pero donde la I+D fue ignorada. La actual negociación con las empresas que piden tarifas más altas para invertir en tecnologías importadas debería tener en cuenta esta situación.

En 2002, el Senado de la Nación también indicó que “vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitrara los medios para la instalación de un LIE”.

Ahora, hay un proyecto de ley para crear los fondos sectoriales, que debería sancionarse con la misma “urgencia” con que lo hizo Brasil. Comenzaríamos, así, a revertir políticas que nos empobrecieron.

© La Nación, mayo 5, 2005