La Argentina desperdicia su conocimiento

Por Arturo Prins

Vivimos la mayor bonanza económica de los últimos cien años. Esta situación puede resultar efímera -así ocurrió otras veces- si no atendemos a un aspecto siempre relegado: el fortalecimiento de nuestra debilitada industria, que aún no produce mayor valor agregado.

Cuatro nuevos indicadores muestran si la industria está tecnológicamente avanzada: las patentes, la tasa de dependencia, la de autosuficiencia y el coeficiente de invención. Esta novedosa estadística, que habría que incorporar al análisis económico, la desarrollan la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología ( www.ricyt.org ) y el Conicet ( www.caicyt.gov.ar ).

Tales indicadores nos muestran rezagados por no haber incorporado el conocimiento a la economía.

Los países que lo hicieron crecen sostenidamente, con industrias avanzadas, y hasta subsidian al sector agropecuario cuando factores externos lo amenazan. En la Argentina, en cambio, el campo subsidia el transporte, la electricidad, la energía y otras industrias y servicios para frenar la inflación.

En 2006 se gastaron $ 4418 millones con ese fin. Criticamos los subsidios, pero los aplicamos de manera inversa.

Siendo el conocimiento el mayor valor económico, protegerlo parecería una verdad de Perogrullo. Sin embargo, nuestras empresas siempre patentaron, poco y el sistema científico, menos aún. En el último decenio medido (1995-2004), el promedio anual de patentes solicitadas en el país por residentes (empresas, instituciones y personas argentinas) fue de sólo 841, y las otorgadas, 191. Brasil, máximo exponente de la región, solicitó 8648 y obtuvo 2936 (10 y 15 veces más, respectivamente); Estados Unidos, el mayor exponente del mundo, solicitó 154.163 y logró 77.456.

Las patentes marcan la dimensión de la economía y su relación con la ciencia.

La Universidad de Buenos Aires (UBA), creada hace 186 años (en 1821), es la que mayor presupuesto, aunque siga resultando exiguo, destina a la investigación. Sus científicos publican más de mil trabajos por año. A pesar de que la ley 111, de patentes, (reformada en 1995) tiene casi un siglo y medio (1864), en ese lapso la UBA no registra patentes vigentes, salvo ocho otorgadas en el país y siete en el exterior, en la última década.

Sin política de propiedad intelectual, la universidad regala conocimiento cuando publica y no protege su producción inventiva. Invertir en educación, universidad y ciencia y no apropiarse del conocimiento es un contrasentido. Aunque no todo debe patentarse, la protección retroalimenta al sistema científico y a la economía de un país por los beneficios de las regalías.

Patentar localmente tiene un costo menor, y hacerlo en otros países no constituye el mayor gasto científico. Se presume que las patentes en el extranjero son las de mayor potencialidad, pero nosotros registramos muy pocas: en la plaza más fuerte (Estados Unidos), nuestra curva fue de 15 patentes otorgadas en 1990 a 49 en 2000, para descender a 17 en 2005. Corea del Sur, con políticas serias, elevó su curva de 213 (1990) a 3285 (2000) y a 4416 patentes en 2005.

Otros dos indicadores miden la dependencia o autosuficiencia económica, con relación al conocimiento patentado. La tasa de dependencia muestra el coeficiente entre las patentes solicitadas por residentes y no residentes (filiales extranjeras en el país, con residencia en el exterior). Un valor mayor a uno señala dependencia, por la preeminencia de patentes solicitadas desde el exterior; un valor entre cero y uno indica autosuficiencia, por la preeminencia local.

La Argentina tiene una alta dependencia: 5,5 puntos, ya que los no residentes solicitaron, en el decenio 1995-2004, un promedio de 4604 patentes por año, frente a las 841 de los residentes.

Brasil se acercó a la tasa deseable: 1,5 puntos, pues las patentes de no residentes promediaron 13.126 por año y las de residentes, 8648. En los EE.UU., la tasa es de 0,8 puntos, con 125.070 patentes solicitadas por no residentes y 154.163 por residentes.

La tasa de autosuficiencia, contracara de la anterior, muestra el coeficiente entre las patentes solicitadas por residentes y el total de las solicitadas. Crece en la medida en que la participación local es mayor. En la Argentina, esta tasa siempre fue chata: en el mencionado decenio, el promedio anual fue de 0,15 puntos. En Brasil, llegó a 0,40 y en los EE.UU., a 0,55.

Aplaudir la inversión sin atender de dónde proviene y a quién y cómo beneficia es un error. La industria argentina se extranjerizó y debilitó por la transferencia de activos al exterior y la consecuente pérdida de espacios creadores de conocimiento y tecnologías. La inversión extranjera no se vuelca al logro de mayor valor agregado nacional y la argentina crece fuera del país y del sistema: en 1992 sumaba US$ 44.258 millones y hoy, US$ 109.932 millones. Se ha dicho que esto ocurre por nuestra baja calidad institucional.

Un reciente análisis de Rosendo Fraga -sin desconocer este dato- indica que la inversión “se ha hecho más cínica”: China es el mayor receptor de inversión extranjera; Vietnam del Norte, Rusia, Cuba y Venezuela reciben inversiones y crecen a tasas elevadas. Faltaría analizar por qué los argentinos no invierten en su país.

Finalmente está el coeficiente de invención: cuanto mayor sea, mayor será la capacidad innovadora de una nación. El indicador mide la relación entre el número de patentes solicitadas por residentes, cada 100 mil habitantes. Nuevamente estamos rezagados: en el decenio analizado, nuestro coeficiente promedio fue de 2,36 por año. Brasil lo duplicó, con 5,05, y los EE.UU. estuvieron al tope, con un impresionante 55,16. La capacidad de invención del sector científico puede ser alta, como en nuestro caso, pero desaprovechada. Las universidades y centros científicos favorecen el crecimiento humano y cultural, pero para crecer económica y socialmente la ciencia y la industria no deben estar de espaldas.

Hay iniciativas en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y en algunas universidades, pero no tenemos una cultura y estrategias de apropiación del conocimiento, ni presupuestos y equipos para evaluar los trabajos y negociar su transferencia a la industria. Por eso hay centenares de patentes fuera del sistema, solicitadas por investigadores o, lo que es más grave, financiadas por empresas y universidades del exterior, que se benefician. Ante esto se hace la vista gorda, pues al dejar libre un espacio no se puede exigir que nadie lo ocupe.

Si agregamos la emigración de científicos, concluimos que la Argentina es donante de conocimientos. Así podemos importar lo que ayudamos a producir y perdemos la oportunidad de exportarlo. Así la actual bonanza seguirá siendo un espejismo que esconde la fragilidad de nuestra economía. Prescindir del conocimiento en la industria y no tener una política de protección de la propiedad intelectual es un desatino. Creer que el campo puede y debe sostenerlo todo es injusto y riesgoso.

La Nación, julio 16, 2007