En los últimos artículos mostramos el bajísimo índice de protección del conocimiento en América Latina, debido a que las investigaciones mayormente tienen objetivos académicos, son un laurel para el científico y no se transfieren a la industria. Las universidades carecen de políticas de propiedad intelectual o industrial para las innovaciones que producen. A ello se suma que el investigador prioriza publicar sin proteger, pues cree erróneamente que son acciones contrapuestas.
La experta del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, Norma Ayala Martínez, manifestó recientemente que en su país “las universidades no se benefician pues no patentan; regalamos conocimiento y tecnologías; una universidad que no protege sus innovaciones deja de crecer”.
En estos días destacados científicos argentinos firmaron, como Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, una declaración contraria a la protección del conocimiento, con afirmaciones que denotan ignorancia. De gran alcance –la enviaron a autoridades, instituciones, medios de comunicación y miles de investigadores– se titula Patentes: de Aristóteles a Bill Gates. En ella sostienen que “con el devenir del capitalismo y sus leyes hechas a medida, comenzó la legalización de la apropiación privada del conocimiento público”, a la que consideran “legal pero ilegítima”. Afirman que los desarrollos patentados son posibles por el conocimiento acumulado a lo largo de los siglos, desde Aristóteles, pero sólo se beneficia quien patenta “la fase final” de ese conocimiento. Concluyen que Bill Gates hizo lo que hizo y se benefició, porque “estaba parado sobre los hombros de un gigante”.
El especialista argentino, Gastón Richelet, indica que “se ha perdido valioso tiempo discutiendo estos asuntos desde un plano ideológico y no desde una perspectiva práctica.” Y agrega: “La protección de la propiedad industrial es fundamental para el desarrollo y crecimiento de un país.”
Con visión sesgada e ideologizada, la mencionada declaración da a entender que las patentes las solicitan las empresas, por afán de lucro. Ignora que el Estado y las fundaciones también las obtienen, sin fines comerciales. El Dr. Hernán D´Urso, también especialista, considera “injusto que, aquel que invirtió tiempo y dinero, vea cómo el resultado de su trabajo y de su inversión, se lo lleven quienes nada hicieron en pos de él; es importante, entonces, que exista un mecanismo de protección para quienes innovan.” Precisamente los investigadores argentinos sufren la escasez de recursos, por el bajísimo número de patentes de tienen las instituciones científicas donde trabajan, que no reciben regalías de las industrias extranjeras que toman sus conocimientos desprotegidos, como mostramos en un artículo anterior (CRITERIO N° 2428).
Es necesario recordar y entender que ante una innovación con aplicación industrial, el Estado otorga un derecho exclusivo a cambio de que se brinde a la sociedad el fruto de la investigación. La solicitud de patente se publica a los 18 meses, plazo en el que deja de ser secreta y pasa al estado de público conocimiento. El derecho exclusivo es por 20 años, durante los cuales el titular puede impedir que terceros exploten la invención. Tras ese lapso la patente pasa a ser de dominio público, o sea que cualquiera puede hacer uso de la innovación sin tener que pagar las regalías que correspondan.
El mencionado Dr. Richelet indica que “si queremos llegar algún día a formar parte del conjunto de países más avanzados, debemos empezar a trabajar seriamente este tema.”
Revista Criterio, Octubre de 2016
