Hace 30 años, el 31 de mayo de 1988, las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud instituyeron el Día Mundial Sin Tabaco, para crear conciencia sobre los efectos nocivos del cigarrillo y promover políticas que lo eviten. El mismo día en 2012, Ban Ki-moon, entonces secretario general de la ONU, decía: «El tabaco y la pobreza forman un círculo vicioso, pues son los pobres quienes más fuman y sobrellevan la carga económica y sanitaria del consumo de tabaco». Efectivamente, la mayor parte de los más de mil millones de fumadores pertenecen a esa condición social.
Por ello la OMS presentó en 2003 el Convenio Marco para el Control del Tabaco, uno de los más respaldados en la historia de la ONU: 181 países lo ratificaron, entre ellos, los principales productores de tabaco. La Argentina se niega a hacerlo porque senadores de provincias tabacaleras se oponen. Más aún, en diciembre último la reforma tributaria redujo el impuesto al cigarrillo, contradiciendo a la OMS, que aconseja incrementarlo. Criticaron la medida la Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina, señalaron que así se estimulan el consumo y sus consecuencias, las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en el país y el mundo.
Esto conlleva un costo muy elevado: América Latina gasta en enfermedades del tabaquismo más de 33.000 millones de dólares por año y la recaudación impositiva por venta de cigarrillos solo cubre el 37% de semejante gasto. En la Argentina significa el 12% del costo de salud para atender 20.627 diagnósticos de cáncer, 14.405 accidentes cardiovasculares y 68.100 internaciones. El Gobierno tiene aquí una oportunidad de reducir gasto público, que tanto le preocupa, y evitar la mayor parte de las 44.000 muertes anuales por tabaquismo.
Nuestra protección al tabaco comenzó en 1972, cuando con el 7% del precio del cigarrillo y otros recursos se creó el Fondo Especial del Tabaco (FET), para promover su cultivo. El diputado salteño Pablo Kosiner lo definió recientemente como «una conquista histórica, resultado de la lucha de las provincias tabacaleras, con Salta a la cabeza». Ninguna actividad agrícola recibe un subsidio semejante, que la Cámara de Productores de Tabaco agradeció recientemente al celebrar sus 50 años. El Ministerio de Agroindustria retribuyó el agradecimiento indicando que optimizará el FET y creará el Instituto Nacional de la Actividad Tabacalera. El Gobierno, además, incorporó el FET al Plan Belgrano, para las provincias del NOA.
La Argentina se aparta así de los 181 países que siguen las recomendaciones de la OMS -entre los que están nuestros principales compradores de tabaco (China, Rusia, Brasil y otros)- y se aísla de acciones internacionales que se están articulando. Todo eso se contrapone al proclamado objetivo oficial de «pobreza cero», pues el tabaquismo agrava la pobreza.
La OMS proyecta reducir un 30% el consumo de tabaco en 2025, cuya prevalencia ya está disminuyendo. La Fundación Bill y Melinda Gates destinó millones de dólares a programas antitabaco. El papa Francisco ordenó que no se vendan más cigarrillos en el Vaticano. Varios países enfrentaron y ganaron demandas legales de tabacaleras, entre ellos, Uruguay, por la que le inició Philip Morris, la mayor del mundo.
Un activista antitabaco, el médico Derek Yach, exdirectivo de la OMS y principal impulsor de su convenio marco, preside la Fundación para un Mundo Libre de Humo, para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. La fundación decidió, con condiciones y subrayando su independencia, recibir mil millones de dólares de Philip Morris en 12 años, pues vio que por primera vez la tabacalera decidió revisar seriamente su negocio.
Una provincia tabacalera, Misiones, ya ensaya sustitutos: ganadería para producir carne y leche; frutales; hortalizas, o el mamón, cultivo frutal muy rentable si alcanza niveles de producción altos, como en Brasil, que logró 170.000 kilos por hectárea, con beneficios mucho mayores que el tabaco.
El convenio marco de la OMS, si se lo lee atentamente, contempla alternativas de cultivos y medidas a favor del pequeño productor, junto al Estado, al que le pide que acompañe. El Ministerio de Salud, una excepción en el gobierno argentino, está en línea con este pedido. Las cámaras de productores, en cambio, junto a legisladores y otras autoridades, fundan su oposición al convenio de la OMS en la protección de fuentes de trabajo y de las economías regionales tabacaleras. Lejos de proteger la actividad, la hipotecan, pues sin imaginación innovadora alientan lo retrógrado frente al cambio que se viene.
