La Argentina demora la aplicación de un tratado internacional, de importancia para su desarrollo. Es el Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) elaborado en Washington (1970) por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En 1978 comenzaron a aplicarlo 18 países, entre ellos Brasil. Hoy lo utilizan 153 naciones. Nuestro Senado lo aprobó en 1998 y Diputados lo tiene detenido.
El tratado agiliza trámites de protección del cono cimiento y ahorra costos. Cuando una empresa o
universidad argentina desea proteger un invento, hoy debe presentar tantas solicitudes de patentes como cantidad de países donde quiera protegerlo, en el corto plazo de un año. Nuestro Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) promueve la adhesión al PCT. Su presidente, Dámaso Pardo, indica que tramitar 50 solicitudes en igual número de países, tiene un costo de unos US$ 150.000. Con el PCT se tramita una solicitud inicial con alcance a los 153 países que ratificaron el tratado, a un costo de unos US$ 5000. Para lograr tal ahorro, las empresas e instituciones argentinas
deben asociarse a entidades similares de un país adherido al PCT y tramitar con ellas la solicitud de patente. Esto lo hacen mayormente grandes empresas con filiales en el exterior, siendo para las Pymes e instituciones universitarias más inviable. Además del bajo costo, el PCT acelera el análisis de los examinadores por cada invención presentada, lo que agiliza la producción industrial de innovaciones y la transferencia de conocimientos que instituciones científicas hacen a empresas. Ello aporta valor agregado a las exportaciones y crecimiento económico. Llama la atención que la Argentina no se haya adherido al PCT, cuando nuestra economía busca incrementar las exportaciones. La reciente ley de economía del conocimiento, que Diputados y el Senado sancionaron casi por unanimidad, no tiene viabilidad si el conocimiento innovador tiene trabas para su protección en el extranjero.
En reuniones en Cancillería y en Diputados, convocadas por legisladores oficialistas que apoyan el PCT, se manifestaron a favor representantes de más de 600.000
Pymes, de fundaciones e instituciones científicas, de inventores y estudios jurídicos. CILFA y Cooperala –que agrupan a laboratorios farmacéuticos nacionales– se oponen, con legisladores de la oposición, pues aducen que el PCT favorecerá patentes de laboratorios extranjeros en nuestro país, en desmedro de los nacionales. Sería como si el fútbol u otros deportes compitieran sólo con equipos locales, sin la exigencia de hacerlo con los mejores del mundo. La estadística desmiente lo antedicho: México, que ingresó al PCT en 1995, incrementó más de un 100% sus solicitudes de patentes entre 2007-16, mientras las internacionales sólo aumentaron 1%. Colombia aplicó el PCT en 2001;
en dicha década incrementó un 300% sus solicitudes de patentes; las internacionales disminuyeron 13%. Ecuador, que también aplica el PCT desde 2001, incrementó en 400% sus solicitudes en sólo seis años (2009-14); las internacionales disminuyeron 38%. La Argentina bajó sus solicitudes un 42%, entre 2007-15 (fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología).
Las patentes requieren inversión en investigación y desarrollo, que nuestros laboratorios poco innovadores y mayormente copistas esquivan. En el Índice Mundial de Innovación 2019 (OMPI), sobre 126 países ocupamos el puesto 73. En el G-20 somos el país peor calificado en propiedad intelectual. Entre 2007-16 solicitamos menos de 700 patentes/año; Brasil, casi 8000; los Estados
Unidos, 250.000.
