El economista, ingeniero y sociólogo Alejandro Bunge (1880-1943) fue nuestra mayor autoridad en estadística y un visionario de la economía del conocimiento. Dirigió los primeros organismos estadísticos del país. Consideraba a la estadística una ciencia social donde la economía veía la realidad, sin omitir u oscurecer los datos que personas idóneas debían confeccionar. Con ellos (costo de vida, precios, salarios), observó que tras 30 años de progreso económico (1878-1908) hubo 15 de paralización (1909-1923). “Nuestra economía –decía– es una sumisión a las grandes potencias, que nos compran materia prima barata y nos venden manufactura cara. La fuente de la riqueza no puede estar sólo en tres o cuatro cultivos y en el ganado; las industrias estimulan el progreso de las ciencias: de la química, la física, las matemáticas, las ingenierías, conocimientos todos requeridos para crecer.”
Bunge se anticipó a los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que, en 1963, decidieron medir la inversión en investigación y desarrollo (I+D), base de la economía del conocimiento. Reunieron a estadísticos en Villa Falconieri de Frascati (Italia), cuyo fruto –el Manual de Frascati– estableció normas de medición y definió la I+D como la generación de conocimientos científicos para que la industria produzca alto valor agregado, riqueza. El manual y sus actualizaciones fueron tenidos en cuenta por los países de la OCDE para diseñar sus políticas de crecimiento.
Seguramente inspirado en el trabajo de la OCDE, el filósofo Mario Albornoz, interesado en políticas científicas e investigador del CONICET, creó el Grupo Redes, asociación civil que confecciona no sólo nuestra estadística del conocimiento sino la de los países iberoamericanos y de EE.UU. y Canadá, las dos naciones americanas que más invierten en I+D. El Grupo Redes cuenta con profesionales y 26 instituciones de América y de la Península Ibérica que proveen información a la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt). La UNESCO y la OEA apoyaron la iniciativa y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) es su principal sostén.
La Ricyt muestra series estadísticas desde 1990 (www.ricyt.org) y en su anuario impreso comenta la evolución o involución de cada una, país por país, por períodos de 10 años. La edición 2022 trae 37 indicadores (década 2011-20) que muestran los diferentes PBI y población; quién invierte en I+D (gobierno, empresas, universidades y fundaciones); campos de aplicación y disciplina científica que ejecuta la I+D; patentes propias y extranjeras con la consecuente autosuficiencia o dependencia económica de cada país; número de científicos; publicaciones cada 100 investigadores, y otros datos de importancia.
La OCDE y la UNESCO aportan la estadística de Europa, Asia, África y Oceanía. Sobre patentes, la información se obtiene de las oficinas de propiedad intelectual de cada país iberoamericano y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Así como se requiere información para implementar políticas de energía, agroindustria o salud, ignorar la estadística de ciencia y tecnología demora decisiones con consecuencias en el desarrollo económico y social. La Argentina ignoró el Manual de Frascati y no consulta la Ricyt, aunque sancionó una ley de economía del conocimiento que debería mejorar nuestros muy malos indicadores.
Arquitecto de esta enorme red estadística ha sido Albornoz que, tras varias décadas de dirigirla y hacerla crecer, acaba de retirarse de su conducción. Seguirá ligado a la institución habiendo delegado la mayor responsabilidad en Rodolfo Barrere, que lo secundaba desde hace varios años. Nos parece importante reconocer desde esta columna, tan importante emprendimiento. Y recordar la acertada afirmación de Bunge, hace un siglo: “Es hora de atender la estadística para crecer.”
