La participación empresaria en ciencia

Por Arturo Prins

La reciente protesta de científicos por los recortes presupuestarios reclamaba al presidente Mauricio Macri su promesa electoral de destinar el 1,5% del PBI al sector, que hoy recibe el 0,6%. El reclamo soslayaba el aporte empresario que, en los países avanzados, constituye la mayor parte de la inversión en I+D (Investigación y Desarrollo), lo cual permite que la economía crezca y la ciencia obtenga recursos.

En el número anterior de CRITERIO (N° 2434) me referí a Fernando Mönckeberg, médico chileno que estudió el problema del subdesarrollo, lo que le valió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas (1998). Él destaca la necesidad del aporte empresario, pues sostiene que es imposible que el Estado financie la infraestructura y los elevados costos de las investigaciones. Detalla adelantos logrados en países desarrollados, tras años de investigaciones, que requirieron la participación de grandes empresas o la fusión de ellas, pues la innovación científica demanda altas inversiones. Por ello Mönckeberg insiste en la vinculación “universidad-gobierno-empresas” para relacionar la investigación básica y la aplicada; de lo contrario se alimentan conocimientos científicos que no llegan a la sociedad. Lo deseable es que el Estado y las fundaciones financien la investigación básica, de mayor riesgo, y las empresas inviertan en desarrollos de alto valor agregado, provenientes de conocimientos básicos. Esto alimenta la economía y deja regalías a los centros científicos que trasfieren dichos conocimientos.

Los países avanzados invierten en I+D del 2,5 al 4% del PBI; la mayor parte es inversión empresaria.  En la Argentina, del exiguo 0,6% del PBI para I+D, las empresas aportan sólo el 23%; en los Estados Unidos el 63%. Ello marca el diferente desarrollo de cada país. Si pensamos llegar al anunciado 1,5% del PBI con fondos oficiales, el país no crecerá y la ciencia empobrecerá pues el Estado por sí solo no podrá sostenerla. La Argentina, además, no tiene suficientes grandes empresas y hay una alta protección arancelaria a la industria, que por ello no demanda conocimientos científicos para innovar y competir. Este es el cambio que deben reclamar los científicos para obtener más recursos. El Banco Mundial criticó “la muy baja inversión de las empresas argentinas en I+D, su escasa cultura innovadora”.

Mönckeberg, en su libro Jaque al Subdesarrollo, ahora (1993) menciona a la Unión Soviética que, por tener “un Estado omnipotente, rígido y autoritario” que no alentó la ciencia y la participación empresaria, desintegró su economía. Muy elocuente es el testimonio de Mijail Gorbachov, en su libro Perestroika, que cita Mönckeberg: “Nuestro estancamiento –dice– se produjo al mismo tiempo que la revolución científico-tecnológica abría nuevas perspectivas para el progreso. Al analizar la situación, descubrimos una desaceleración del crecimiento. En los últimos 15 años, la tasa de crecimiento declinó en más de la mitad y a comienzos del ‘80 había caído a un nivel cercano al estancamiento. Comenzó a extenderse la brecha en la eficiencia de la producción, en la calidad de los productos, en el desarrollo científico-tecnológico. Mientras avanzaba la tecnología de punta y las innovaciones, nosotros carecíamos de receptividad a los avances de la ciencia y la tecnología. El nivel de vida caía y había dificultad para el suministro de productos alimenticios, vivienda, artículos de consumo y servicio. Todo ello se resume en una sola cosa: la aceleración del proceso científico y tecnológico que nos dejó atrás”.

Criterio, abril de 2017