Cuando seamos ricos, haremos ciencia

Por Arturo Prins

Bernardo Houssay, nuestro primer Premio Nobel en ciencias, desde 1937 insistía en incorporar una noción que en los países avanzados ya era usual: la ciencia es una herramienta fundamental para el desarrollo económico, social y cultural y por eso hay que asumirla como política de Estado.

Con esa idea inspiró la creación, en 1958, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que presidió hasta su muerte y que, por el papel preponderante que cumpliría, logró que dependiera de la Presidencia de la Nación. Luego el Conicet fue desjerarquizado, anteponiéndosele una secretaría de Estado y un ministerio. Así, el organismo que para Houssay debía impulsar una política de Estado, hoy es una repartición de tercer orden. Apenas un año duró la ilusión de que se retomaría el camino debido, cuando el actual gobierno puso la estructura científica en Presidencia. Pero tras la renuncia de Dante Caputo, la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva y el Conicet volvieron al Ministerio de Educación.

Las políticas de Estado sobre ciencia contribuyeron en los países avanzados a implementar las llamadas “economías del conocimiento”, que destinan desde el uno hasta casi el 4 por ciento del PBI a investigación y desarrollo.

En la Argentina, todos los gobiernos se propusieron alcanzar ese uno por ciento, frontera entre el desarrollo y el subdesarrollo. Nuestros premios Nobel Luis Leloir y César Milstein se cansaron de pedirlo. Y el economista norteamericano Jeffrey Sachs, en su última visita a Buenos Aires, lo advirtió con claridad: “Ninguna economía puede crecer invirtiendo eninvestigación y desarrollo el 0,4 por ciento de su PBI”.

Efectivamente, el país nunca invirtió mucho más que ese porcentaje, ubicándose en AméricaLlatina por debajo de Costa Rica (1,13 por ciento), Cuba (0,83), Brasil (0,76) o Chile (0,63), y muy alejado de países como Alemania (2,4), Estados Unidos (2,7), Japón (3) o Suecia (3,7).

Aquí llegamos a un punto que lleva cincuenta años de discusión en la Argentina: ¿cómo iniciar el proceso de crecimiento? La discusión la inició Houssay, frente a los que sostenían que solo habría presupuestos para ciencia cuando el país creciera económicamente. Rotunda y recordada fue su respuesta: “Los países son ricos porque investigan, y no porque son ricos investigan”.

Para caminar hacia una “economía del conocimiento”, la Argentina debe incorporar 2000 millones de pesos a los 1200 que destina por año a investigación y desarrollo. Así alcanzaría el tan ansiado uno por ciento La cifra no parece imposible si se la compara con los 11.000 millones de dólares de intereses de la deuda (24 por ciento del presupuesto para 2001), los 40.000 millones del blindaje o los casi 100.000 millones que los argentinos tenemos en el exterior (fuente: Ministerio de Economía).

La cifra también es posible, si se observa que no corresponde al Estado hacer toda la inversión. Veamos: en 1999, las empresas aportaron en Alemania el 64 por ciento del total invertido en investigación y desarrollo; en Estados Unidos, el 67 por ciento; en Suecia, el 68 y en Japón, el 73. En la Argentina, las empresas solo aportan alrededor del 25 por ciento del total invertido en investigación y desarrollo (fuente: OCDE).

Esta baja inversión empresarial explica la falta de relación que percibe la industria local entre investigación y actividad económica. Desconocimiento que se refleja en la excesiva importación de tecnologías llave en mano, que podríamos desarrollar a costos menores. Téngase en cuenta que la Argentina tiene científicos altamente calificados y es el único país iberoamericano con tres premios Nobel en ciencias.

La fuga de nuestros capitales (95.771 millones de dólares, según el Ministerio de Economía, mayormente de origen empresario), más el crecimiento del control extranjero de empresas nacionales vendidas y la inversión externa en las privatizaciones, hicieron decir al economista Manuel Solanet: “Los empresarios argentinos han sido el furgón de cola del tren transformador” (La Nación , 31/3/99).

Repatriar capitales y científicos

En la década del 90 se produjeron casi 500 fusiones y adquisiciones de empresas, por más de 25.000 millones de dólares, registrándose una inversión extranjera de 100.593 millones (fuente: Secretaría de Industria, CEP). Las empresas extranjeras obviamente no aportan a la investigación argentina, aunque otros países supieron exigirlo. En cambio, nuestros capitales fugados alimentan la investigación de países desarrollados, por el circuito de la inversión financiera.

La escasez de estructuras industriales que demanden investigación, más la miopía del Estado, muestran que el motor financiero de la ciencia argentina está desarticulado. Así no se alcanzará el uno por ciento del PBI para investigación y desarrollo, que el programa de la Alianza también preveía como meta de gobierno. Para lograrlo, el aporte público debería crecer el 45 por ciento, y el privado, el 540.

Para crecer, el gobierno deberá atraer y repatriar nuestros capitales y nuestros científicos (unos y otros son abundantes), y las empresas, comprender que invertir en ciencia significará lograr innovaciones y patentes, generadoras de riqueza. En 1999, Estados Unidos logró 153.493 patentes; la Argentina, 1241 (fuente: RICyT).

En las economías del conocimiento, como diría Houssay, los países son ricos porque investigan. Nosotros todavía creemos que cuando seamos ricos haremos ciencia.

© La Nación, junio 5, 2001