Ahorrar en conocimiento es caro

Arturo Prins

En estos días, los científicos reclaman por los recortes al presupuesto de ciencia y técnica. Sus bajos sueldos expresan una falta de estímulo a la excelencia científica, siendo que el sector es pequeño y sus conocimientos constituyen el mayor valor de la economía.

Belgrano decía que “sin ilustración ni comercio, sin industrias ni escuelas, el nuestro será un país miserable y desgraciado”. Sarmiento advertía: “España y sus descendientes carecen de conocimientos en ciencias naturales o físicas, que en Europa dieron lugar a una poderosa industria que da ocupación a todos”. Nuestro premio Nobel Bernardo Houssay subrayaba: “Sin un rápido desarrollo científico, viviremos pobres”. De Belgrano a hoy -más de 200 años- hay un largo camino irresuelto que, con el lenguaje propio de cada época, coincide en lo mismo: escuelas, ciencia, industrias.

Los científicos reclaman los recortes al presupuesto de ciencia y técnica.

El saber científico es un valor académico, cultural, pero también causa de desarrollo. Lo decía Einstein: “Los imperios del futuro se construirán sobre el conocimiento”. Vaticinio que confirmó Estados Unidos: alberga al mayor número de científicos, es el país con más premios Nobel en ciencias, el que más invierte en investigación y desarrollo (I+D), el que más protege el conocimiento con patentes. Lo siguen China, Japón y otras naciones con similares políticas.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que reúne a las economías más avanzadas, indicó que la inversión en I+D era clave en economía y explicó cómo medirla en su Manual de Frascati (1963). Aquí definió la I+D como el proceso de investigación básica y aplicada de las universidades, financiada mayormente por el Estado y fundaciones, más el desarrollo experimental de empresas que producen valor agregado. La economía que invierte menos del 1% del PBI en I+D es débil; las avanzadas se acercan al 3% y algo más; la media latinoamericana es de 0,77%; la argentina: 0,62%.

Pero mientras las empresas de naciones desarrolladas financian del 50 al 75% de la I+D, las argentinas aportan el 26%. Nuestra industria no demanda conocimientos, pues está protegida por altos aranceles. El Banco Mundial criticó “la muy baja inversión de las empresas argentinas en I+D, su escasa cultura innovadora”. El reclamo científico a Macri para que cumpla la promesa electoral de destinar el 1,5% del PBI a ciencia y la técnica soslaya la inversión industrial, sin la cual la economía no crece. Ningún país desarrollado financia la ciencia sólo desde el Estado.

Houssay decía que si la universidad no investiga, si no genera conocimientos, es una “escuela técnica“. De nuestras 53 universidades públicas y 49 privadas muy pocas lo hacen, mayormente las estatales, pero con bajos recursos, pues de los 5000 millones de dólares que reciben por año sólo 33 millones van a investigación. La Universidad de San Pablo y la Autónoma de México tienen cada una entre 3000 y 4000 millones de dólares por año. Nuestras universidades públicas -donde radica el mayor valor de la economía- se declararon este año en emergencia económica, al no poder afrontar siquiera la nueva tarifa del gas.

Las grandes universidades del mundo, en cambio, reciben regalías de la industria por el conocimiento que le transfieren. Por recursos y calidad científica, las norteamericanas e inglesas privadas encabezan los rankings: Stanford, Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, etc. El ranking mundial de universidades QS 2016 midió 916 de 81 países; las privadas argentinas están muy atrás: la Austral, en el puesto 308; la UCA, en el 310; Palermo, 352. De las 50 mejores de América latina, 17 son de Brasil; nueve, de Chile; siete, de la Argentina (ninguna entre las 10 primeras). Encabezan el ranking las brasileñas de San Pablo y de Campinas. La UBA es la argentina mejor ubicada: 85 en el ranking mundial y 11 en el latinoamericano, pero no tiene volumen de investigación transferible a la industria y no protege sus conocimientos, que los aprovechan otros países cuando se publican; en 40 años (1973-2013) la UBA sólo solicitó 35 patentes en el país y cuatro en plazas importantes como los Estados Unidos o la Unión Europea; con miles de trabajos publicados, sólo protegió uno por año. Los científicos no reclaman por esta pérdida de recursos.

Por lo expuesto, nuestra economía es insolvente: exporta bajo valor agregado, fija impuestos abusivos en desmedro de la producción, se endeuda con sucesivos defaults y emite moneda que genera inflación. Su mayor contrasentido: prescinde del conocimiento que regala al mundo.

La Nación, 28 de diciembre, 2016