Petróleo y gas: para reconstruir lo destruido

Por Arturo Prins

Cuando Brasil privatizó los principales sectores de su economía, se abrió un debate sobre el futuro de los centros de investigación y desarrollo de las empresas estatales. En ellos se habían logrado tecnologías que podían perderse, lo que hubiese originado una dependencia de alto costo y serias consecuencias.

Los centros que en principio despertaron la atención por los desarrollos en marcha fueron los de petróleo y telecomunicaciones. Para protegerlos y financiarlos más, se sancionó un conjunto de leyes (1999-2001) que crearon fondos sectoriales, alimentados con porcentajes de la facturación o de las ganancias de las mismas empresas.

En hidrocarburos, estos centros desarrollan tecnologías complejas que, cuando se logran, permiten implementar nuevas políticas. De ahí su valor estratégico. Que Brasil haya logrado innovaciones tecnológicas en exploración de aguas profundas (off-shore) le permitió ampliar su horizonte de reservas petrolíferas; que haya desarrollado combustibles renovables (etanol y biodiesel) le permitió reducir costos e importaciones de petróleo.

La Argentina, en cambio, no obró así: cuando privatizó el sector, decidió depender tecnológicamente de las nuevas empresas y desmanteló el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) de YPF, en Florencio Varela.

El CID había sido pionero: fue creado en 1942, mucho antes de que la brasileña Petrobras tuviera, en 1955, el Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas de Petróleo, al que sucedió, en 1975, el Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (Cenpes). Más aún, Brasil, Venezuela y México hicieron sus centros de acuerdo con el modelo argentino.

En sus comienzos el CID diseñó la primera planta petroquímica del país, produjo aleaciones para punta de trépanos e introdujo el plomo tetraetilo como aditivo para naftas. Sus innovaciones se originaban más en las necesidades de la Segunda Guerra Mundial, que en políticas de Estado. Así, en la década del 50, dejó de intervenir en proyectos de alta tecnología agregada y se dedicó mayormente al análisis y control de calidad de productos. Se abandonaron desarrollos nacionales y el país comenzó a comprar tecnologías “llave en mano”. El CID sólo hacía algo de investigación básica, situación que se extendió hasta principios de la década del 70.

Aquí ocurrió un hecho singular: ingresó en YPF una camada de geólogos, químicos, ingenieros y matemáticos formados en la universidad de los años 60, con deseos de relacionar sus conocimientos con la producción. Ellos empezaron a resolver problemas para los que se apelaba a desarrollos importados. Fue un período muy enriquecedor (1975-1991). Fui testigo de los elogios que nuestro premio Nobel de Química, Luis F. Leloir, hizo en ese tiempo al CID por consultas del entonces presidente de YPF.

Los responsables del CID recuerdan aquel período con nostalgia, por los hitos producidos: En 1976-77, remodelación de las plantas de cracking catalítico, corazón de las refinerías de La Plata y Luján de Cuyo, que significó reemplazar tecnología externa y ahorrar divisas; entre 1977 y 1981, desarrollo, a bajo costo, de una planta de fabricación continua de grasas lubricantes, que superó tecnológicamente a la única que existía en el mundo; entre 1978 y 1983, desarrollo y utilización industrial del primer catalizador argentino y latinoamericano; entre 1981 y 1982, las primeras pruebas del uso de gas natural comprimido (GNC) en un motor Fiat 600; además de modelos de simulación y recuperación asistida de yacimientos; etcétera.

El CID también encaró, con Gas del Estado, proyectos de tecnología agregada. Hacia 1990, prestaba servicios a las petroleras nacionales y extranjeras, y a empresas no petroleras. También desarrollaba combustibles y aceites, como el reconocido Elaion para cárter. Con lo que facturaba pagaba los sueldos de 520 científicos y técnicos, y 30 administrativos. Tenía uno de los mejores equipamientos de América del Sur y decenas de convenios con universidades nacionales que le proveían conocimientos básicos.

Si el CID no avanzó más y mejor, fue porque su tarea no era debidamente valorada y consecuentemente tenía un presupuesto limitado: su mayor recurso llegó a 20 millones de dólares, nunca superior al 0,2% de la facturación bruta anual de YPF. El Cenpes brasileño, en cambio, con 250 millones de dólares, recibe el l% de la facturación anual de Petrobras y emplea a 2500 personas.

Cuando Brasil abrió al capital privado el monopolio estatal en hidrocarburos (1995), mantuvo el control mayoritario e incrementó los recursos para investigación y desarrollo (I+D) a través del Fondo Sectorial de Petróleo y Gas (1999), creado con porcentajes de los royalties por explotación de petróleo y gas natural. Estos fondos, Brasil los implementó en este sector y en los más importantes de su economía: telecomunicaciones, energía eléctrica, recursos hídricos y minerales, actividades espaciales, agronegocios, transportes, etcétera.

El presidente Lula da Silva decía, recientemente, que el liderazgo de su país se fundaba en que posee “la economía más grande y el mayor potencial científico y tecnológico”. Efectivamente, el Cenpes tiene reconocimiento internacional y ubicó a Brasil entre los países con tecnologías de punta en la industria del petróleo. Petrobras, que apoya y se nutre del Cenpes, es una de las petroleras que más invierte en el mundo en I+D.

La Argentina, en cambio, cuando vendió totalmente YPF perdió el poder de decisión sobre el CID, que fue desmantelado. Sus profesionales y técnicos fueron despedidos. Sólo unos pocos y el equipamiento más moderno pasaron al Centro de Tecnología Aplicada, hoy de Repsol, que trae la mayor parte de la I+D de afuera. La planta de fabricación de grasas lubricantes se desarmó y su producción se contrató a terceros. Los edificios del CID, que sorprendieron al mismo Leloir y fueron proyectados por dos grandes arquitectos, Jorge de la María y José María Olivera, se desmembraron y repartieron entre la Municipalidad de Florencio Varela, el Club YPF y otra institución de la zona.

Fue un golpe a la inteligencia científica que costó formar y que se expulsó cuando exhibía logros. Con esta política, la Argentina no podrá crecer ni competir con los países que invierten en conocimiento. A la vez, se generan mayores costos y pagos de royalties que se trasladan a los precios, y se pierde autonomía al no poder seleccionar y verificar la compra de tecnologías.

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, que agrupa a las empresas nacionales y extranjeras y promueve la vinculación universidad-empresa, organizó, en 2004, una reunión internacional sobre innovación tecnológica. Allí vimos que aun países como Estados Unidos, con la industria de hidrocarburos privatizada, invierten en universidades para que las mismas empresas desarrollen tecnologías. Es, por tanto, estratégicamente necesaria la reconstrucción del CID y su relación con el medio universitario. Conscientes de esta situación, las autoridades de ciencia y técnica avanzan en un proyecto de creación de fondos sectoriales, de gestión mixta. Varios diputados -de Compromiso para el Cambio, la UCR, ARI y el PJ- coincidieron con la iniciativa. Se abre, aquí, una esperanza de reconstruir lo destruido y de legislar, como lo hizo Brasil, sobre una economía tecnológicamente atrasada.

© La Nación, agosto 9, 2005