La economía del conocimiento permitirá pagar la deuda

Por Arturo Prins

El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre los holdouts debería marcar el fin de nuestro mayor período de endeudamiento no honrado (1976-2013). La Argentina vivió endeudada porque sus gobiernos gastaron más de lo debido, pero el país siempre honró sus obligaciones. Recordemos la ironía de Sarmiento sobre “los grandes deudores del Sud”. O a Avellaneda cuando decía que “el crédito de la Nación (la fe del mundo en nosotros) es tan importante como el Himno y la Bandera”. Quebrada esa fe, provocamos la mayor crisis de confianza.

El Estado tiene como fuentes de financiamiento la recaudación tributaria, la emisión monetaria controlada y el crédito. De su equilibrio depende la economía. Hacia 1900 la Argentina se desarrolló por su actitud creadora, que, según Mallea, se originó en una inteligencia desinteresada, una fantasía transformadora. Carente de ellas, el país apeló a espejismos: una pesada carga tributaria a su población, emisión descontrolada que generó hiperinflación y toma de créditos sin capacidad de repago que condujo al default.

El crédito, por tener un costo, debería ser un recurso extraordinario. Pero desde 1976 lo hicimos ordinario. Ese año el gobierno militar heredó una deuda pública (interna y externa) de 9000 millones de dólares, que al finalizar su mandato fue de 44.000 millones. Alfonsín la elevó a 63.000 millones; Menem, a 122.000 millones; De la Rúa, a 145.000 millones, y Rodríguez Saá declaró el default. El costo también crecía: en 1992 los intereses anuales eran de 3000 millones de pesos; en 1997 se duplicaron (5800 millones) y en 2001 se cuadruplicaron (12.000 millones). La tasa anual se elevó en promedio al 10%, el doble de la Libor, y en 2000 llegó al 16%.

La deuda tiene vencimientos anuales de capital que, al no poder pagarlos, refinanciamos con mayores costos. Los intereses, en cambio, los cancelamos en efectivo. Ello origina déficit en el presupuesto, por lo que el gobierno pide más crédito para cubrirlo. El diputado demócrata progresista Alberto Natale, estudioso del tema, clamaba en el recinto como una voz en el desierto (2001): “Día a día aumenta el déficit del presupuesto; día a día aumenta la necesidad de financiamiento; día a día tenemos que conseguir más créditos para financiar esos déficits. Lo vengo advirtiendo todos los años. En 1993 los intereses equivalían al 8% del total del gasto público y en 2001, a más del 21%”.

El gobierno de Néstor Kirchner lanzó en 2005 y 2010 sendos canjes de deuda a miles de acreedores, ofreciéndoles cobrar a 30 y 35 años con quitas promedio del 44%. Ante la alternativa de no cobrar, el 92,4% de los acreedores aceptó el canje, a juicio de Cristina Kirchner “porque creyeron en la Argentina”. Esto generó los llamados fondos buitre, que compraron bonos a quienes no aceptaron el canje, que la justicia norteamericana obligó ahora a pagarles.

En 2013, la deuda pública (interna y externa) llegó a casi 213.000 millones de dólares, con la novedad de que la interna se incrementó al 66% del total, pues el Estado paga contrayendo nueva deuda con agencias estatales: el Banco Central presta importantes reservas para el pago de deuda externa, la Anses aporta fondos de los jubilados y el Banco Nación deriva recursos previstos para actividades privadas productivas. Miles de millones de dólares alimentan así un endeudamiento perpetuo. ¿Qué sería del país si esos fondos hubieran ido a proyectos productivos?

Tres organizaciones de la sociedad civil -Fundación SALES, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (UCA) y Grupo Redes- elaboraron tras el default una propuesta con economistas, especialistas en políticas de ciencia y tecnología, y otros profesionales, para detener el endeudamiento perpetuo. El Ministerio de Educación y Ciencia la incorporó a su Plan Nacional 2004 y el viceministro de Economía de entonces, Jorge Todesca, la consideró un muy buen camino, por lo que la elevó para su consideración.

La propuesta apuntaba a robustecer nuestra débil economía para recuperar la capacidad de pago. Se aconsejaba implementar la economía del conocimiento que hizo crecer a los países desarrollados. Se explicaba que la inversión en I+D (investigación y desarrollo) es clave en esa economía: la hacen empresas, universidades, gobiernos y fundaciones para generar alto valor agregado. Los países avanzados aportan del 2 al 4% de sus PBI en I+D. Los rezagados, menos del 1%; la Argentina, 0,62%. Los economistas coinciden en que es difícil crecer con tan baja inversión. El Banco Mundial criticó “la muy baja inversión de las empresas argentinas en I+D” y su escasa cultura innovadora.

Países pobres como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwan -los tigres asiáticos-, al aplicar dicha economía, incrementaron sus PBI entre 1700 y 2500% en 44 años (1960-2003). Nuestro PBI creció en ese período sólo 125%.

La propuesta no pedía quitas sobre el capital adeudado. Sólo reducía al 3% los altos intereses, pues la perspectiva de pago sería más cierta con una economía competitiva. Una parte muy menor de dicho interés (0,09 al 0,37% en 4 años) se depositaría a nombre del acreedor en un fondo fiduciario para financiar empresas innovadoras. El fondo recibiría en 4 años 1600 millones de dólares, cifra inédita en la Argentina para ese fin. Operaría como un “banco del conocimiento”, expresión del Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y cotizaría en bolsa protegido de riesgos políticos e institucionales.

Finalmente la propuesta, que sus autores podrían adecuar hoy, no se tuvo en cuenta. La decisión estaba tomada: mantener la política fallida de siempre, pagar dentro de muchos años lo que nuestra débil economía permitía. La afirmación del presidente Kirchner fue sincera: “No prometeremos lo que no podamos cumplir”. Quedó claro que no habría nueva economía.

La Nación, 4 de julio, 2014


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